Ante la necesidad de resolver el problema derivado del pago de pensiones y prestaciones estatales exclusivamente mediante transferencias bancarias, el poder ejecutivo ha adoptado una resolución.

En consecuencia, se propone, en particular, facilitar el acceso de los beneficiarios socialmente vulnerables a servicios bancarios básicos a través de un representante. Se prevé que el beneficiario pueda, en cualquier momento, rechazar la prestación de los servicios bancarios básicos a través de un representante, utilizarlos por su cuenta y abrir una cuenta bancaria. Según la justificación, entre 15.000 y 20.000 beneficiarios anuales, según sea necesario, podrán utilizar los servicios bancarios básicos a través de un representante.

Otra decisión propone, en particular, aclarar los mecanismos para identificar a los pensionistas con dificultades de movilidad, mediante una solicitud presentada al servicio por escrito, oralmente o a través de otra persona; brindarles la oportunidad de utilizar los servicios de un representante del organismo autorizado incluso en los casos en que la legislación exija que cualquier solicitud relacionada con la pensión se presente en persona, pero la persona no pueda cumplir este requisito por sí misma; y registrar la información relacionada con la solicitud del pensionista al servicio por escrito, oralmente o a través de otra persona.